Preocupación por la seguridad

Preocupación por la seguridad

Desde hace más de una década, con el salto de España a los primeros puestos entre las potencias económicas mundiales, y en especial desde hace un lustro, con el estallido de la burbuja económica y el empobrecimiento financiero de la población, la inseguridad ciudadana y el miedo al delito figuran de manera continua entre las principales preocupaciones para los españoles, según reflejan los estudios de demoscopia.

Las diversas reformas y disposiciones legales orquestadas desde el Estado, destinadas a paliar los efectos socioeconómicos de este fenómeno mediante el incremento de la presencia de los cuerpos de seguridad y, en la actualidad, la concesión de prerrogativas en materia de seguridad a cuerpos privados de vigilancia, no han repercutido apenas en la reducción del índice de criminalidad del país.

Según reconocía Ignacio Cosidó desde su escaño del Partido Popular, antes de convertirse en Director General de la Policía, “los atracos con violencia extrema dentro de los propios domicilios, los denominados secuestros express y la proliferación de robos con fuerza en polígonos industriales o urbanizaciones han terminado por generar la alarma social en nuestro país”. En este sentido, se apuntan como causas directas de esta inquietud -un hecho subjetivo pero fundamentado sobre datos objetivos-, a la fragilidad de las fronteras territoriales del país, a la imagen de impunidad que transmite el sistema penal y a la incapacidad de reacción por parte de las instituciones, que ha permitido el incremento del porcentaje de delitos perpetrados en el país, sobre todo en lo que respecta al apartado de faltas. No obstante, es significativo la abundante presencia de delitos violentos contra la libertad sexual, las lesiones y amenazas o los robos con agresividad e intimidación. Los problemas de seguridad en Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas marcadas por las desigualdades económicas y un alto flujo migratorio, son casos de especial relevancia.

La amplia difusión de estos sucesos violentos por parte de los medios de comunicación ha revertido además en la aparición de dos corrientes subsidiarias: una acentuación de la sensación de inseguridad en el ciudadano medio y un efecto réplica por parte de organizaciones criminales que ven en España un campo abonado para sus actividades ilegales.

En consecuencia con estos datos se encuentra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana prevé incrementar las fuerzas de seguridad contra el crimen ampliando el ámbito de negocio de las empresas seguridad privada, complemento activo para policías y guardias civiles y sector económico que a día de hoy emplea a cerca de 90.000 personas y factura alrededor de 3.600 millones de euros en toda España y que se estima que incidirá en un ostensible incremento de la demanda de cursos de vigilante de seguridad en centros de formación como Centrosef y demás tipos de formaciones y empleos relacionados con dicho marco laboral (escolta privado, vigilante de explosivos, guarda de campo y especialidades, recuperación TIP, reciclaje VS, tiro táctico, conducción evasiva, controlador de accesos, defensa personal,…). La nueva normativa extiende el área de ocupación de la seguridad privada a secciones como los edificios de propiedad pública, los centros de extranjería o el exterior de las penitenciarías estatales.

Aparte de la continuidad de cometidos tradicionales del gremio, como el manejo de las entradas y salidas de capital de los cajeros automáticos, la vigilancia exterior de inmuebles particulares bajo contrato o el control de medios de transporte, La reforma legislativa concede a la seguridad privada prerrogativas respecto al patrullaje de espacios abiertos tales como las zonas comerciales y peatonales del casco urbano previa demanda de las empresas ubicadas en la zona, dentro de la cual estarán facultados para emprender detenciones y registros contra presuntos delincuentes, así como para ejercer “servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección”. Otro campo en el que la seguridad privada adquiere nuevas funciones es el de la vigilancia de urbanizaciones, vías de uso común y acontecimientos deportivos y culturales que se desarrollen en espacios públicos. En el caso de los servicios de protección, estas entidades de seguridad privada deberán contar con la autorización previa por parte del organismo estatal responsable, encargada de acreditar la potestad de la empresa y su actuación siempre de forma coordinada y complementaria respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

7 enero, 2014

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